Hermosillo, Son.- Para estar en condiciones de otorgar una reparación integral a las víctimas indirectas de los policías municipales y estatales que han fallecido en el cumplimiento de su deber, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad enviar un exhorto al secretario de Hacienda del Gobierno del Estado.
El objetivo es que en la iniciativa con proyecto de decreto del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022 se contemplen recursos suficientes para atender dicha situación, planteó la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, quien basó su propuesta en lo dispuesto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora.
Expuso que el Artículo 2, fracción I establece que uno de los objetos de dicha norma es reconocer y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, así como las medidas de asistencia, protección, atención y debida diligencia de las víctimas del delito o de violaciones a sus derechos humanos.
La legisladora agregó que el Artículo 33 de la Ley de Atención a Víctimas contempla un Fondo Estatal que tiene por objeto brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas del delito y de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, con base a criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas, y se conforma con recursos previstos para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado.
Refirió que el colectivo ciudadano “Viudas de policías de Sonora que murieron en el cumplimiento del deber” la contactó para exponer la problemática por la que atraviesan 38 viudas y familias de policías que fallecieron de esa manera, misma que se generó por la falta de interés de la anterior administración estatal, sostuvo, ya que en repetidas ocasiones se buscó que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno primero, y después de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, atendiera los reclamos.
“En el caso que nos ocupa, el colectivo ha logrado, mediante resoluciones judiciales, la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas de 38 personas que son víctimas indirectas de policías, tanto municipales como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, mismo que se encuentra en proceso de acceder a la reparación integral que contemplan los ordenamientos señalados”, aseveró.
Sin embargo, advirtió, es necesario que en el proyecto de decreto del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2022 se contemplen recursos suficientes para poder darle solución satisfactoria y se atiendan los procedimientos que establecen las normas jurídicas mencionadas.
La diputada Barreras Samaniego informó que un total de 21 policías de todos los niveles fueron abatidos en el cumplimiento de su deber en 2020. Las víctimas fueron tres agentes de las policías Estatal de Seguridad Pública y 18 policías municipales, en hechos ocurridos en Guaymas, con seis; Cajeme, con cinco; Hermosillo, con tres; y con un elemento caído los municipios de Bácum, Caborca, San Luis Río Colorado, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Soyopa y Yécora, y al 20 de septiembre de 2021, ocho municipales y uno de la AMIC han sido abatidos en el cumplimiento de su deber.
En esta sesión ordinaria, la diputada Brenda Lizeth Córdova Búzani presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, a efecto de que la denominación del capítulo sobre los delitos contra la ecología, pasen a ser considerados en la norma como delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
La legisladora expuso que esta connotación es más acorde para contemplar, genéricamente, aquellas figuras típicas constitutivas de acciones u omisiones que dañen o pongan en peligro el conjunto de elementos naturales y artificiales, o inducidos por el hombre, que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
“Hoy en día, cuando diversas alternaciones al medio ambiente propician cambios globales que trascienden al espacio estatal y colocan el tema incluso en el ámbito municipal; cuando los efectos nocivos acumulados durante años difícilmente podrán ser superados en el corto plazo y cuando en varias regiones se han generado alteraciones drásticas en los ecosistemas, como es el caso del Río Sonora, se actualiza el imperativo de centrar todos los esfuerzos públicos y de los sectores sociales y privado, para frenar la tendencia de deterioro ambiental”, aseveró.
Lo que se busca es que sociedad y gobierno asuman plenamente sus responsabilidades y costos en un aprovechamiento duradero de los recursos naturales y del medio ambiente, que permita mejorar la calidad de vida de todos y contribuya a una economía que no degrade sus bases naturales de sustentación, puntualizó la diputada Córdova Búzani.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
En el penúltimo punto del orden del día, el diputado Luis Arturo Robles Higuera presentó un posicionamiento en relación a las etnias y comunidades indígenas del Estado de Sonora, en el que destacó la prioridad que tiene el Gobierno del Estado de fomentar, aplicar y acompañar las políticas públicas en materia de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
“Consultar, preguntar o tomar en cuenta el parecer de aquellos que puedan tener un interés legítimo ante una actuación, son elementos que garantizan un estado constitucional y democrático, ya que ello legitima toda actuación, con más razón aquellas del gobierno durante la implementación de políticas públicas enfocadas en fomentar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas”, aseveró.
Como ha contextualizado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los pueblos y comunidades indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requieren mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, sostuvo el legislador.
Agregó que ser consultados para la toma de decisiones permitirá ejercer su derecho a la autonomía, a la autodeterminación y a la conservación de sus usos y costumbres, así como a incrementar su calidad de vida, lo que les garantizará vivir sin discriminación, y fomentará su desarrollo de manera sustentable y autónoma.
