Hermosillo, Son.- En armonización con la legislación federal en la materia, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y sus Municipios, así como un Decreto que permitirá al titular del Ejecutivo estatal reducir asignaciones por 2 mil millones de pesos de la partida de comunicación social y publicidad, recursos que se destinarán al fondo para el cumplimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado.
El diputado Jacobo Mendoza Ruiz presentó la iniciativa con proyectos de la nueva Ley y de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, bajo el considerando de que en la entidad se prevé la responsabilidad patrimonial en el Artículo 158 de la Constitución local, pero para hacer frente a la misma deben etiquetarse recursos, los cuales deben ser suficientes para que el Estado pueda hacerse responsable por los daños que cause.
Agregó que el 1 de enero de 2005 entró en vigor la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual es reglamentaria del Artículo 113 constitucional en su segundo párrafo, y que tiene por objeto “fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”.
El Artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora establece que “será motivo de responsabilidad el hecho de que las autoridades, funcionarios o empleados del Estado o de los municipios, ejecuten en perjuicio de tercero o de la sociedad, actos que no les están mandados o permitidos expresamente por la Ley”.
“Este Poder Legislativo ha sido omiso al respecto; a casi diez años de la adición del segundo párrafo del Artículo 113 de nuestra Carta Magna, en ningún presupuesto se han destinado los recursos suficientes, ni se ha creado la ley local, dejando en estado de indefensión a las ciudadanas y ciudadanos que se han visto afectados por la actividad irregular del Estado, que les ha causado un perjuicio”, aseveró.
El legislador sostuvo que algunos municipios han sido responsables por los daños que ocasionan, derivado de su actividad administrativa irregular, pero no todos lo hacen, ni el Estado, toda vez que no se contaba con legislación local que lo regulara, y lo que ocurría es que los ciudadanos afectados tenían que recurrir al amparo y protección de la justicia federal, el cual se les otorgaba en los juzgados de distrito y estos ordenaban, en repetidas ocasiones a este Poder, destinar los recursos correspondientes y crear una nueva legislación.
Además refirió que la fracción XXII del Artículo 64 de la Constitución local faculta al Congreso del Estado para modificar el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, por lo que en apego a dicha atribución, la iniciativa que presenta es para que el Estado haga frente a la responsabilidad patrimonial de la cual sea causante, lo cual deberá realizarse conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de los Municipios.
La legislación aprobada consta de 39 artículos y los capítulos: Disposiciones generales; De las indemnizaciones; Del procedimiento; De la concurrencia; y Del derecho del Estado y los municipios de repetir contra los servidores públicos.
En esta sesión ordinaria se aprobó emitir un exhorto al Congreso de la Unión, a efecto de que expida lo antes posible la ley general en materia de movilidad y seguridad vial, en virtud de que ya venció el plazo de 180 días previsto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado el 18 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
La diputada Claudia Zulema Bours Corral informó que el referido Decreto reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, en las que se reconoce como un derecho humano a la movilidad, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
“En ese contexto, es apremiante que el Congreso de la Unión expida cuanto antes la ley general multicitada, ya que las legislaturas locales estamos atados de manos al no poder legislar desde lo local para atender las diversas problemáticas que aquejan a cada entidad federativa del país en materia de movilidad y transporte, dado que se desconocen las atribuciones que les corresponderán a los estados sobre la materia”, aseveró.
También fue aprobado el Acuerdo presentado por la mesa directiva, el cual resuelve aprobar la renuncia presentada por el ciudadano Alejandro Fimbres Valencia, al cargo de regidor propietario del Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora.
Este resolutivo se hará del conocimiento del ciudadano Antonio García Bojórquez, suplente, a efecto de que rinda la protesta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 157 de la Constitución local, y 25 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Se comisionó al diputado Fermín Trujillo Fuentes para que acuda a la toma de protesta, en nombre y representación del Poder Legislativo.
Presentan proyectos de decreto
Durante el desarrollo de la plenaria, la presidencia turnó a las comisiones de Salud y de Educación y Cultura, en forma unida, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la atención y protección a personas con la condición del Espectro Autista y de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, presentada por la diputada Sagrario Montaño Maldonado, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Expuso que se busca crear dentro de la legislación en la materia, un centro estatal para la detección y atención del autismo, de manera que sería la Secretaría de Salud, a través de la red hospitalaria de la entidad, la que realizaría la detección temprana, además se les brindarían consultas, tratamiento y orientación a las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y a sus familias.
También se propone que de manera obligatoria, la Secretaría de Educación y Cultura proporcione maestros o maestras sombra para las aulas en las que se encuentren inscritos alumnos con TEA en cualquier plantel de educación básica, con el objeto de dar pasos en positivo hacia su inclusión educativa y la desaparición de la discriminación.
“Pretendemos abrir un nuevo mundo de oportunidades para las personas con TEA; buscamos su inclusión laboral, educativa y en temas de salud buscamos garantizar su diagnóstico oportuno, y terapias apropiadas que se encuentren al alcance de los padres, y que el Estado le dé la importancia que tienen y merecen las personas con la condición del espectro autista”, expresó la legisladora.
Y se reservó para cuando se integre la comisión correspondiente, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 bis a la Ley para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad del Estado de Sonora, presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Karina Teresita Zárate Félix expuso que para fortalecer acciones a favor de la inclusión en el Estado de Sonora, la iniciativa plantea la instalación de escalones universales para personas de estatura baja, así como guías o surcos lineales para pacientes con discapacidad visual en las oficinas de la administración pública estatal.
Agregó que con motivo del Día de las Personas de Talla Baja, el objetivo es reflexionar y promover los derechos que poseen estas personas y dar un día para sensibilizar a todos los sectores de la sociedad acerca de la problemática situación que enfrentan, cuando no existen las condiciones idóneas para su desempeño.
“La finalidad es vivir en un Estado incluyente, en el que todas las personas cuenten con accesibilidad universal sin barreras; acceder a los mismos servicios públicos y privados sin distinción y tener las mismas posibilidades de éxito en cualquier trámite o servicio, ya sea público o privado, porque se requiere seriamente de inclusión e igualdad total”, puntualizó la legisladora.
