Hermosillo, Son.- Una Ley de voluntad anticipada para el Estado de Sonora y un Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las leyes de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de prevención y atención de la violencia familiar, así como de los códigos Penal y de Familia, aprobó en su sesión ordinaria el Pleno del Congreso del Estado.
También fue aprobado el Decreto que reforma y adiciona las leyes de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, a efecto de disminuir la contaminación lumínica, así como los acuerdos mediante los cuales esta Soberanía resuelve ratificar el nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y elegir a los ciudadanos para ocupar el cargo de consejero estatal de búsqueda de personas.
En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó además otros seis acuerdos y la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras cuatro iniciativas con proyectos de decreto para modificar diversas normas jurídicas.
El proyecto de Ley de voluntad anticipada para el Estado de Sonora, que se aprobó por mayoría, fue dictaminado por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Salud, en forma unida, con base al estudio de una iniciativa que el diputado Martín Matrecitos Flores presentara el 10 de julio de 2020.
Esta norma tiene por objeto que toda persona, en pleno uso de sus facultades mentales, manifieste su voluntad libre, inequívoca, consciente e informada, de someterse o no a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que propicien la obstinación médica, y se entiende a la “muerte digna” como el derecho que posee una persona que padece de una enfermedad irreversible y cuyo estado de salud es terminal, de rechazar procedimientos invasivos en su cuerpo, y evitar así prolongar el sufrimiento.
En la parte considerativa del dictamen se establece que “resulta frecuente que la ´muerte digna´ sea confundida con la eutanasia y con el suicidio asistido, sin embargo estos tres procedimientos no son equiparables a pesar de que todos tienen la finalidad de garantizar una muerte digna”.
Las dos dictaminadoras coincidieron con la propuesta original en que la voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.
Sobre este tema, se asienta en el dictamen que la Ciudad de México fue la primera entidad en aprobar la Ley de voluntad anticipada en enero de 2008, además de que leyes similares han sido aprobadas en catorce estados de la República, en los cuales, más de diez mil personas han firmado el “documento de voluntad” desde la fecha en que quedó establecido el derecho a la voluntad anticipada.
La Ley consta de 45 artículos y los capítulos: Disposiciones generales; Del documento de voluntad anticipada; De la nulidad y revocación de la voluntad anticipada; Del formato de voluntad anticipada; Del cumplimiento de la voluntad anticipada; y Del registro estatal de voluntades anticipadas.
Enseguida se aprobó el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes; del Código de Familia; del Código Penal; y de la Ley de prevención y atención de la violencia familiar para el Estado de Sonora. En la primera de estas normas establece la obligación de autoridades estatales y municipales, de prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por castigos corporales y humillantes, y se definen de manera clara este tipo de castigos.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos estudió la iniciativa que el 17 de noviembre de 2020 presentara el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, y dictaminó que en el Código de Familia se establezca la necesidad de fortalecer los derechos de todos los integrantes de la familia, en particular de niñas, niños y adolescentes, para que se respete su integridad física, psíquica y emocional, y se amplían las obligaciones en esta materia de la madre, padre o cualquier persona que ejerza la patria potestad.
En la Ley de prevención y atención de la violencia familiar se establece, dentro del supuesto del delito de maltrato infantil, el castigo corporal y humillante, y de igual forma se le considerará violencia familiar.
Dictámenes
Un segundo Decreto aprobó el Pleno del Congreso, mismo que reforma
y adiciona disposiciones de las leyes de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora, con el objeto de disminuir la “contaminación lumínica”, la cual consiste en el exceso de luz artificial durante los periodos nocturnos, que es cuando por naturaleza, el medio ambiente debería estar a oscuras por la ausencia de luz solar.
El diputado Luis Mario Rivera Aguilar presentó la iniciativa respectiva el 24 de noviembre de 2020 y correspondió dictaminarla a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, que incluyó en la Ley del equilibrio ecológico el concepto de contaminación lumínica, así como acciones específicas a cargo del estado y los municipios, para prevenir y controlar el exceso de emisiones lumínicas, y se agrega la atribución a los entes municipales en la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora.
La dictaminadora concluyó que con la entrada en vigor de estas reformas se fortalecerá el derecho humano de contar con un medio ambiente sano en las zonas urbanas, al disminuir la contaminación lumínica durante la noche, con el fin de no afectar el funcionamiento natural del cuerpo humano y evitar enfermedades graves a sus habitantes, además del ahorro energético y los beneficios económicos que se lograrían con estas acciones.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó en esta ordinaria los dictámenes relativos a la ratificación del nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la elección de los ciudadanos para ocupar el cargo de consejero estatal de búsqueda de personas, mismos que fueron aprobados por unanimidad.
En el primero de los casos se trata de los ciudadanos Leticia Serrano Genda, Ángel Bours Zaragoza, Andrés Octavio Ibarra Salgado, Miguel Ángel Tapia Güell, Gerardo Barnetche Valdez y Rósela de Jesús Rendón Rendón.
Como consejeros estatales ciudadanos de búsqueda de personas fueron elegidos dos familiares que representan a las personas desaparecidas o no localizadas: Paula Lizeth Adriano Soto y Rosa Manjanin García Pacheco; dos especialistas: Alejandro Federico Arredondo Ungen y Marisol Sillas Reyes; y dos representantes de organizaciones de la sociedad civil: Synthia Maritza Gutiérrez Medina y Lorenza Imelda Sigala Robles.
Acuerdos
En el desarrollo de esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó el Acuerdo presentado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que modifica el punto primero del Acuerdo número dos, aprobado por esta LXII Legislatura el 20 de septiembre de 2018, mismo que a su vez fue modificado por los diversos acuerdos 115 y 282, del 15 de marzo de 2019 y 26 de mayo de 2020, respectivamente, a efecto de que se modifique la integración de la Comisión de Administración.
El diputado Daniel Palafox Suárez sustituirá a la diputada Magdalena Uribe Peña en la referida comisión, ya que esta se incorpora a la CRICP, y el diputado Héctor Manuel Piñuelas León entra en lugar del diputado Héctor Raúl Castelo Montaño.
Con relación a estos cambios, el diputado Filemón Ortega Quintos exhortó a los integrantes de la Comisión de Administración a que exijan la transparencia del gasto en el Poder Legislativo y que las reuniones que realizan sean públicas, ya que cuando fue integrante de la misma, no recibió la información que requería y la que le entregaron fue opaca, aseguró.
También se aprobaron los siguientes acuerdos:
Que resuelve exhortar al Ejecutivo estatal y a los secretarios de Seguridad Pública del Estado y de los municipios, con el objeto de que brinden a los socorristas y/o paramédicos de la Cruz Roja y particulares, el resguardo de vigilancia y escolta cuando atiendan a personas heridas por arma de fuego o arma blanca. Lo presentó el diputado José Salvador Urzúa Solís.
La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada presentó y fue aprobado el Acuerdo por el que el Poder Legislativo resuelve exhortar a la titular de la Secretaría de Educación Pública y a los ayuntamientos de la entidad, para que lleven a cabo diversas acciones con el fin de que los planteles educativos de los diferentes sectores de educación pública en la entidad se encuentren en óptimas condiciones para el regreso a clases presenciales.
Al Acuerdo se le hicieron modificaciones con base en las aportaciones de los diputados Héctor Manuel Piñuelas León, Francisco Javier Duarte Flores y Miguel Ángel Chaira Ortiz. Se incluyó en el exhorto a la Secretaría de Educación y Cultura.
Exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de
su competencia, dé prioridad a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafo al Artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con número de expediente 0256-1PO3-20, que se encuentra turnado a la Comisión de Seguridad Pública.
La propuesta la hizo la diputada María Magdalena Uribe Peña, con el objeto de que generar una obligatoriedad a todas las entidades federativas y por ende a los municipios del país, para que armonicen su legislación y establezcan criterios de seguridad social, como los que contiene la iniciativa que está en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
El diputado Daniel Palafox Suárez presentó iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, para que destine los recursos que se requieren en el apoyo a los campesinos sonorenses y mediante los programas que se establezcan para tal efecto.
Exhorto al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en uso de sus facultades, implemente un programa de oficinas móviles de la dependencia a su cargo, con la finalidad de que estas se trasladen a los municipios en los que no se cuente con ellas, y las y los ciudadanos puedan realizar su trámite para contar por primera vez o renovar su pasaporte mexicanos. Presentó este Acuerdo el diputado Carlos Navarrete Aguirre.
Iniciativas turnadas a comisiones dictaminadoras
Las comisiones Primera de Hacienda y de Protección Civil, en forma unida, estudiarán una iniciativa presentada por el diputado Héctor Manuel Piñuelas León, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado y de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora.
Propuso establecer en la Ley de Hacienda que la Secretaría de Hacienda transfiera mensualmente y de manera íntegra a la Coordinación Estatal de Protección Civil, los recursos provenientes de la recaudación que realiza por concepto de pago de servicios que brinda la referida entidad, con el objeto de garantizar su operación, funcionamiento y eficiencia.
El diputado Luis Armando Colosio Muñoz presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 63 Bis a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con el objeto de que dentro del plazo de 24 horas contado desde que una demanda ha sido turnada, el Magistrado al que corresponda conceda o niegue la suspensión, en caso de haber sido solicitada. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará la iniciativa presentada por el diputado Hiram Lomelí Duarte, con punto de acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve presentar ante el Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana (solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares).
Y para llenar un vacío legal en lo que respecta al derecho de los trabajadores a contar con los implementos y/o equipo de protección personal con la que deben contar los trabajadores sonorenses, la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, la cual se turnó a las comisiones de Asuntos del Trabajo y de Salud, en forma unida.
“Es evidente que existe una referencia legal en la legislación federal que prevé la protección a los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral, cuyo origen se encuentra en la Constitución, derivando hacia leyes secundarias también federales y por lo tanto sustento para fundamentar una armonización, en este caso específica hacia leyes estatales”, expresó.
Si bien existen disposiciones generales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como regulaciones específicas en las normas oficiales mexicanas, también lo es que la legislación estatal carece de estos postulados, puntualizó la Presidenta de la mesa directiva.
La próxima sesión del Pleno, que será la última del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, se citó para el jueves 29 de abril, a las 12:00 horas, de manera virtual.
