Hermosillo, Sonora.- Será la próxima semana que el Congreso del Estado de Sonora reciba la propuesta de reforma al artículo 167 Quater del Código Penal local, conocido como “Ley Ingrid”, para acotar que las sanciones que dispone van específicamente para aquellos servidores públicos que filtren imágenes de personas fallecidas relacionadas con investigaciones judiciales, informó Adolfo Salazar Razo.
Salazar Razo reiteró que en ningún momento se contempló la aplicación de sanciones por el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas ni en contra de grupos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.
El secretario de la Consejería Jurídica del Estado de Sonora manifestó que esta legislación está pensada para evitar la revictimización de las personas fallecidas, toda vez que se busca protegerlas y que no se vulneren los derechos a la dignidad, privacidad e identidad tanto de los occisos como de sus familiares.
“Todos ellos, medios y colectivos, cumplen con una función sustantiva en nuestra sociedad. Hay que recordar que desde el inicio de esta administración se ha trabajado por y para beneficio de la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos. Es inconcebible cualquier tipo de censura o algún tipo de represión de esa índole” afirmó.
Adolfo Salazar recordó que el origen de esta iniciativa se remonta al asesinato de Ingrid Escamilla, joven de 25 años que murió a manos de su pareja sentimental en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020 y posteriormente las imágenes forenses de su cuerpo fueron difundidas a medios de comunicación por parte de funcionarios públicos, causando indignación en todo el país.
