Hermosillo, Son.- Los organismos operadores municipales de agua o la Comisión Estatal del Agua, según corresponda, no podrán suspender la prestación del servicio doméstico cuando los usuarios se encuentren dentro de los programas de tarifa social o cuando con motivo de un estudio socioeconómico sean considerados como población vulnerable, por falta de pago, durante el tiempo que dure una emergencia o contingencia sanitaria decretada por las autoridades competentes, aprobó el Pleno del Congreso.
Se trata del Decreto que reforma el Artículo 168, párrafos cuarto y quinto de la Ley de Agua para el Estado de Sonora, proyecto presentado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, en respuesta a un oficio que el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, CEA, envió a este Poder Legislativo el 17 de febrero del presente.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó la iniciativa ante el Pleno del Congreso, en cuyos considerandos se establece que en sesión celebrada el 28 de mayo de 2020, esta Soberanía aprobó el Decreto 122, mediante el cual se le adicionó un párrafo cuarto al Artículo 168 de la Ley de Agua para el Estado de Sonora, donde se establecía el beneficio para la población en general.
El Vocal de la CEA consideró que el resultado inmediato que se lograba al aplicar dicha reforma legislativa era afectar la capacidad financiera de los organismos y comprometer gravemente las posibilidades de cumplir con el compromiso de suministrar los servicios a su cargo, pues no se tomó en cuenta que el único recurso al alcance de la autoridad es la suspensión del servicio como consecuencia de la falta de pago de los usuarios, destaca la parte considerativa.
Además de que la medida legislativa no valoró los distintos estratos de la población en los que se presenta el fenómeno de no pago, otorgándoles, como consecuencia de esto, un beneficio a todas luces injusto e inmerecido a grandes usuarios de agua que resultaron favorecidos con una medida que nunca debió de perder el sentido social que se hubiera alcanzado al elegirse como destinatario específico, en todo caso, a aquel segmento de la población económica y socialmente desfavorecida, diferenciándola del resto, agrega.
Con base a las consideraciones realizadas por el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, la CRICP consideró necesario realizar un ajuste al Artículo 168 de la Ley de Agua para el Estado de Sonora, a efecto de precisar que la no suspensión del servicio de agua en caso de emergencia o contingencia sanitaria solo se otorgue a la población más vulnerable de los municipios y de esta manera evitar que los usuarios que sí pueden pagar se aprovechen de ese beneficio.
El diputado Jorge Eugenio Russo Salido propuso modificar la redacción de los párrafos cuarto y quinto del referido artículo, para incluir a la CEA y que la medida solo aplique en aquellos municipios que se encuentren ubicados en la zona geográfica considerada de emergencia o contingencia sanitaria.
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó un Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar a los ayuntamientos de los municipios del Estado, a efecto de que, en uso de sus facultades, observen un procedimiento democrático y abierto a la población interesada, en lo relativo al nombramiento de comisarios y delegados municipales.
El diputado Próspero Valenzuela Múñer presentó la iniciativa que tiene por objeto garantizar la participación ciudadana, por considerar, dijo, que existen instrumentos legales que permiten la implementación de mecanismos democráticos a favor de que la voluntad ciudadana sea atendida y escuchada.
“Es necesario dirigirnos de manera respetuosa a las autoridades municipales de nuestro Estado, a efecto de que tomen en consideración la voluntad ciudadana y escuchen a los pobladores de las diversas comisarías y delegaciones municipales para el nombramiento de sus representantes, lo que vendría a alentar un espíritu más democrático y soberano, ya que el pueblo al ser escuchado en este tipo de decisiones, dará mayor legitimidad a las acciones de sus autoridades”, expresó.
Los nombramientos deben recaer en personas íntegras, que conozcan las diversas problemáticas de la comunidad y gestionen las acciones necesarias que den solución a los diversos temas que les aquejan, postura que fue apoyada por los diputados Fermín Trujillo Fuentes, José Rafael Ramírez Morales, Luis Arturo Robles Higuera, Alma Manuela Higuera Esquer, Rosa Elena Trujillo Llanes, Héctor Raúl Castelo Montaño y Paloma María Terán Villalobos.
En el orden del día siguió la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Familia, de la Ley del Registro Civil, de la Ley del Servicio Civil, y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, presentada por la diputada Alejandra López Noriega, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Expuso que el objetivo de las modificaciones propuestas es lograr la obligación alimentaria, la cual tiene un sentido moral y de responsabilidad, ya que se trata de la preservación de un valor fundamental como es la vida, por lo que, al no cubrirse esta necesidad por irresponsabilidad, se pone en riesgo la integridad física de las hijas y/o hijos, así como de los padres adultos mayores.
De aprobarse este proyecto de decreto se sentarían las bases justas y la garantía de proteger en todo momento el derecho humano al alimento, a la salud, a la educación y a la vivienda, así como de establecer candados para que la persona obligada que incumpla el pago de la pensión alimenticia, adquiera nuevas responsabilidades de los ámbitos civil y penal, sostuvo.
La iniciativa se reservó para cuando se integren las comisiones que correspondan, lo mismo que la presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 316 de la Ley de Hacienda del Estado.
El diputado Ernesto De Lucas Hopkins explicó que se trata de llevar a cabo la contratación de un seguro automovilístico de daños a terceros mientras se concreta la legalización de autos de procedencia extranjera por parte del Gobierno Federal, con lo cual se garantizaría a quienes sí cumplen con el pago de impuestos.
Reconoció que miles de familias sonorenses que no cuentan con la capacidad económica de adquirir un auto nacional, ya sea nuevo o usado, se ven en la necesidad de adquirir autos de procedencia extranjera no regularizados, por lo cual propuso la creación de un fondo para el apoyo de familias sonorenses en situación de vulnerabilidad que cuenten con una unidad de ese tipo.
El legislador recordó que el Artículo 316 de la Ley de Hacienda del Estado establece que la Secretaría de Hacienda deberá contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor del titular de la licencia de automovilista, sin embargo existe la condición a un pago deducible de elevado costo, lo que es poco atractivo y realista para la gran mayoría, por lo que junto con la contratación del seguro de daños a terceros, propuso la elaboración del padrón de registro de vehículos extranjeros.
Que el procedimiento de juicio político inicie durante el tiempo en el que el servidor público desempeñe un empleo, cargo o comisión, o dentro de los tres años siguientes al de la conclusión de sus funciones, propuso el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, al presentar una iniciativa con proyecto de ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora y de decreto que adiciona la Ley Estatal de Responsabilidades.
Indicó que actualmente, la Constitución local establece que la inhabilitación será de un año y pudiera llegar hasta 20 años, mientras que su propuesta es que la mínima sea de tres años y la máxima de 30 años.
También propuso establecer cuál será la sanción mínima y cuál la máxima respecto de la inhabilitación a servidores públicos cuando se cometa una falta grave, de manera que la sanción se incremente hasta 15 años, en determinado caso. La iniciativa se reservó para cuando se integren las comisiones correspondientes.
La Presidencia turnó a las comisiones de Educación y Cultura, y de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación, de la Ley para la protección, conservación y fomento del árbol en las zonas urbanas, y de la Ley que crea un organismo público descentralizado denominado Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.
La diputada Beatriz Cota Ponce presentó, en conjunto con las diputadas Claudia Zulema Bours Corral y Brenda Lizeth Córdova Búzani, y el diputado Fermín Trujillo Fuentes, esta propuesta que tiene como referencia, sostuvo, la concientización sobre la importancia de favorecer modelos de sustentabilidad ecológica, a partir de potencializar el capital cultural y ambiental existente.
“Es decir, partiendo de lo que ya conocemos y es familiar para todos nosotros. Los espacios educativos son el nicho de oportunidad para establecer estrategias que coadyuven en la plantación y cuidado de árboles endémicos sonorenses, por ello es indispensable que se generen intervenciones donde se promueva un cambio cultural que perdure en el tiempo por medio de acciones estratégicas de capacitación, concientización y participación”, aseveró.
Y a la Comisión para la Igualdad de Género fue turnada una iniciativa presentada por la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Sonora.
Lamentó se presenten casos en los ámbitos económico, político, social, civil y cultural, en los que se registran prácticas discriminatorias, por lo cual propuso que, de manera urgente, este Poder Legislativo armonice la legislación en la materia con la Ley General, a efecto de contrastar este tipo de acciones que laceran en gran medida a la sociedad.
Dicha armonización se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer en los tratados internacionales de los que México forma parte y las disposiciones federales y locales, según corresponda, con la finalidad de evitar conflictos y dotar de eficacia al sistema jurídico estatal.
“Con esta acción legislativa estaremos incorporando figuras que obligarán a las instancias de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como al sector privado, a diseñar, formular y aplicar programas para erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres de cualquier ámbito de nuestra sociedad”, puntualizó.
Como penúltimo punto del orden del día, la diputada Claudia Zulema Bours Corral presentó un posicionamiento con motivo de la celebración del Día Mundial del Animal, con el cual hizo un llamado a ser conscientes y respetar los derechos de los animales.
“Como representantes de la ciudadanía debemos trabajar no solo en beneficio del hombre, sino de todos los seres vivos”, expresó a nombre propio y de la diputada Brenda Lizeth Córdova Búzani.
