El pasado miércoles, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó, en el Congreso de la Unión, el llamado paquete fiscal para el 2022.
En 2020 entraron en vigor diversas reformas a la ley federal contra la delincuencia organizada, ley de seguridad nacional, así como a los códigos nacional de procedimientos penales, fiscal de la federación, y penal federal, que tuvieron como finalidad clasificar como “delincuencia organizada, la expedición, enajenación, compra, o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Tuvo como intención combatir la industria de la compra y venta de facturas dentro del sistema tributario mexicano, conocida coloquialmente como “empresas factureras”, que buscan generar gastos a las empresas formales para disminuir el pago de impuestos y, posteriormente, hacer retornos, previo el cobro de una “comisión”, que habitualmente oscila entre el 3% y el 10% del flujo, dependiendo del instrumento utilizado.
El paquete fiscal para el 2022
El paquete fiscal incluye las propuestas de reformas a diversas leyes, entre otras, la del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y código fiscal. Este año llama particularmente la atención el cambio de política tributaria, fiscal y recaudatoria del Impuesto sobre la Renta (ISR), pues se centra en modificaciones que seguramente tendrán un impacto positivo en la simplificación del pago del impuesto, pero sobre todo en las tasas que se pagan por dicha contribución, y cuyo monto máximo, para determinados casos, se encuentra sobre 35%.
Con la propuesta de incorporación de un nuevo régimen fiscal, denominado “de confianza”, se busca que las personas físicas con actividades profesionales y empresariales, que no hubieran obtenido ingresos por más de 3 millones 500 mil pesos, paguen el ISR con una tasa máxima del 2.5%.
También hay beneficios en este nuevo régimen para las personas morales cuando sus ingresos no superen los 35 millones de pesos al año, dado que tributarán sobre la tasa del 30%. Ademá, el pago provisional mensual se fundará en el flujo, es decir, en lo efectivamente cobrado, y no como pasa ahora, que se determina con lo que se pretenda cobrar durante el mes (facturado), aunque no les hayan pagado.
El régimen de confianza
La iniciativa del “régimen fiscal de confianza” además de ser algo inédito en México, es un “gancho al hígado” para las factureras, porque las personas morales ahora tributarán aplicando la tasa del 30% sobre el pago provisional mensual -previas deducciones-, lo que hasta hoy no sucede, porque se tributa con algo que se llama “coeficiente de utilidad”, que está basado en los ingresos del ejercicio fiscal anterior, que de alguna forma nubla la manera en cómo ve el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el flujo del dinero.
Cómo se lleva acabo la operación de las factureras
La operación es simple: una empresa A, vende a una empresa B, un servicio que no existe con la finalidad de que la empresa B pueda aumentar sus deducciones y pagar menos impuesto o simplemente lavar dinero que tiene procedencia ilícita.
Con esa nueva medida, el SAT podrá ver en tiempo real los pagos del impuesto y las deducciones efectuadas, pero con la aplicación inmediata de la tasa (el porcentaje que se paga), y no con otros factores, lo que pondrá en serios aprietos la compra y venta de facturas.
Los beneficios propuestos para las personas físicas que ya se encontraban en la formalidad, son bastante visibles, y seguramente se ampliará la base de contribuyentes de ese segmento.
Con el “régimen de confianza”, el gobierno busca competir contra las “factureras”, mediante figuras que flexibilizan el pago de impuestos, pero sobre todo ofreciendo mejores condiciones de precio y suprimiendo el riesgo de incurrir en delincuencia organizada. Y por último, dejando más dinero en manos de los ciudadanos, lo que eventualmente propiciará una reactivación económica.
