Hermosillo, Son.- Ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fueron ratificadas esta mañana las denuncias de juicio político presentadas por ciudadanos que se ostentan como jubilados y/o pensionados del ISSTESON, en contra del Presidente Municipal de esta ciudad, Antonio Astiazarán Gutiérrez, y representante de vecinos de El Nuevo Colorado, en contra de la Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova.
El diputado Jacobo Mendoza Ruiz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, solicitó a los ciudadanos denunciantes, Jesús Ramón Orduño García, Guadalupe Rascón Duarte, Emma Edith Sánchez y Manuel Ochoa Trujillo, que se identificaran ante la dictaminadora, por lo que una vez acreditada la personalidad de cada uno, les pidió que manifestaran si era su voluntad ratificar la denuncia o no, a lo que todos respondieron que sí ratificaban su denuncia en contra del Alcalde de esta capital.
Una vez ratificada la denuncia, en apego a lo que establece el Artículo 240 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones, el diputado Mendoza Ruiz les concedió el uso de la voz por si deseaban adicionar algo a su denuncia, y fue el abogado de los denunciantes, Juan Francisco Alcaraz García, quien tomó la palabra para enunciar una serie de pruebas que aportarán al proceso de entablación de juicio político en contra del Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora.
Informó que la primera prueba que se aportará es la declaración que deberá rendir ante el Pleno del Congreso, el ciudadano Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien deberá ser citado por Oficialía Mayor o por la Dirección Jurídica, así como testimoniales de las personas que firman la denuncia presentada por 150 jubilados y pensionados ante la Fiscalía Anticorrupción por delitos del orden penal.
También ofrecieron documentales consistentes en aproximadamente cinco actas de defunción de jubilados y pensionados, cuyos nombres no mencionó, pero están dentro de los escritos presentados, mismas que deberán ser verificadas en el área jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON.
El Abogado dijo que se incluye el Acta de Cabildo que acreditan como un documento público que hace plena prueba en términos de Ley y documental consistente en acta de nacimiento de cada uno de las personas que representa y de los 150 que denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción, entre otras documentales.
“También se va a pedir, bajo protesta de decir verdad, que todos estos documentos obran íntegramente, en su aspecto original, en la carpeta de investigación que se tramita ante la Fiscalía Anticorrupción, bajo el número 50328263/2022”, expresó Alcaraz.
Lo que los denunciantes piden a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, indicó, es que se extienda un informe de autoridad a la Fiscalía Anticorrupción, con todas las documentales que han presentado, a efecto de tener una carpeta íntegra de todas las pruebas que han aportado.
Una vez ratificada la denuncia, el diputado Jacobo Mendoza Ruiz dio a conocer que la comisión realizará un análisis exhaustivo de su escrito de denuncia y las pruebas ofrecidas, para determinar si es procedente o no, dentro del plazo de diez días hábiles, como lo establece el Artículo 241 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.
Enseguida se procedió a preguntar al ciudadano Florentino Vásquez Borja, en su carácter de representante de la Asociación de Vecinos de El Nuevo Colorado, Sonora, si ratificaba la solicitud de juicio político que presentó en contra de la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, una vez que acreditó su personalidad mediante la presentación de cédula profesional, a lo que respondió que sí era su voluntad ratificar dicha solicitud.
Aseguró que la titular de la FGJE ha incurrido en graves desaseos en la impartición de justicia, al violentar la seguridad y usar las instituciones a su cargo, a efecto de dañar a la sociedad en general.
“El hecho es que se ha protegido a las bandas delictivas y la sociedad cada vez más corremos riesgos; hechos notorios son incluso los que no requieren ningún tipo de investigación, como los que están ocurriendo en Guaymas, San Carlos, Altar, Caborca y Obregón, donde el promedio de mortandad es altísimo y no hay una justificación, tampoco hay un programa en el cual puedan o deban proteger a la ciudadanía”, expresó.
Como dato de prueba ofreció el escrito donde se acredita, según su punto de vista, la incapacidad en que incurre la Fiscal General, además de que usa a las agencias del Ministerio Público para perseguir e imputar delitos y decretar, incluso, no ejercicio de la acción penal, violentando el estado de Derecho, afirmó.
Vásquez Borja señaló que la funcionaria dio instrucciones a las agencias del Ministerio Público para que soliciten a los jueces de control que no se tome en cuenta la igualdad procesal y la igualdad ante la Ley, los cuales establecen los artículos 10 y 11 del Código de Procedimientos Penales, con lo cual violenta leyes federales en perjuicio de la ciudadanía.
El diputado Jacobo Mendoza Ruiz le informó que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizará un análisis exhaustivo de su escrito de denuncia y las pruebas ofrecidas, para determinar si es procedente o no, dentro del plazo de diez días hábiles que establece el Artículo 241 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones.
A esta sesión de trabajo asistieron las y los diputados Azalia Guevara Espinoza, Héctor Raúl Castelo Montaño, Ernesto De Lucas Hopkins, Fermín Trujillo Fuentes y Rosa Elena Trujillo Llanes, secretarios de la comisión.
