Hermosillo, Sonora.- En México, todos los estados del país no han logrado superar un puntaje aprobatorio en el tema del estado de derecho y Sonora ocupa actualmente el lugar 22 a nivel nacional; por ello, para mejorar los temas de rendición de cuentas, que haya leyes justas, continuar trabajando como un gobierno justo y que las y los sonorenses tengan acceso a la justicia, trabajaremos de la mano con la organización World Justice Project para lograr mejorar estos índices, aseguró el contralor general del estado, Guillermo Noriega Esparza.
Acompañado de Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso), y de Alejandro González Arreola, director para México del World Justice Project, el contralor general comentó que, lamentablemente, ninguna entidad federativa del país alcanzó el .5 de calificación, por lo que el reto no solo involucra al gobierno, sino a la participación decidida de todas las fuerzas políticas, sectores productivos y la sociedad.
“Sí insistiré en la convocatoria, porque sabemos que solos no lo podemos hacer. Nos toca a todas y a todos. Requerimos eso, precisamente: la suma de esfuerzos entre autoridades, ciudadanía, sociedad civil, academia, iniciativa privada, entre todos, los grupos más organizados, para que las y los sonorenses puedan vivir en armonía, con mejores oportunidades y respeto a sus derechos, con paz, seguridad y justicia y en ambientes democráticos, igualitarios y libre de corrupción. En otras palabras: que puedan ser felices, cada quien a su manera, con la certeza de que sus instituciones funcionan”, expresó.
Por su parte, Alejandro González Arreola, director para México del World Justice Project, detalló que Sonora se encuentra en la posición 22 del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, por lo que tiene muchos retos pendientes y que, con estos informes estatales, se busca que las y los tomadores de decisiones conozcan qué está funcionando y qué pueden mejorar.
Comentó que, pese a que Sonora no obtuvo calificaciones aprobatorias en los ocho indicadores que se analizan (Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia penal), tiene dos grandes fortalezas: gobierno abierto y justicia civil.
González Arreola reiteró el compromiso para trabajar, junto al Gobierno de Sonora, para alcanzar la metas en beneficio de las y los sonorenses, luego de la firma de un memorándum de entendimiento para acompañar gratuitamente a Sonora en la mejora de este indicador.
“Y el estado de Sonora es uno de esos que, como bien mencionó Guillermo, que lo conoce, y que en el Plan Estatal de Desarrollo, en el eje 1 (establece) un gobierno para todas y para todos. Puso metas, y una de estas metas, ahí está por escrito, lo pueden checar ahorita, es incrementar la calificación en este índice, la global a .43”, comentó.
Por su parte, Francisco Acuña Méndez, presidente de Codeso, explicó que sin estado de derecho se frena el desarrollo y la seguridad, por lo que es importante reforzarlo para lograr que aumenten y sean permanentes. Añadió que, por esta razón, el gobernador Alfonso Durazo Montaño diariamente se reúne con el gabinete Desarrollo con Seguridad donde analiza la incidencia delictiva y se enfoca en atenderlas.
“Este trabajo que está haciendo el gabinete de Desarrollo con Seguridad, estos datos que está presentando hoy Alejandro, los esfuerzos que se están haciendo en el lado de desarrollo, hay que vincularlos, hay que trabajarlos juntos para que entonces podamos medir el desarrollo integral del estado, tanto en el estado de derecho incluyendo la seguridad, y ese es un tema, un reto que tiene bien ubicado el gobernador”, finalizó.
Presentes: Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general del estado; Beatriz Elena Huerta Urquijo, auditora mayor del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF); Ruth Yamina Baz Moreno, presidenta de Colegio de Contadores Públicos; integrantes cámaras empresariales, organismos públicos y autónomos, asociaciones civiles, instituciones educativas; entre otros.
